La justicia inoperante y ciega

EEl reino de España deficitario en recursos energéticos ha de importar la casi totalidad de la energía que consume -incluyendo cada vez más carbón y todo el Uranio- a lo que habría que añadir la crisis internacional energética que busca una salida en los agrocombustibles que no son rentables desde el punto de vista energético, pero sí nefastos para la alimentación y el ecosistema. Mientras, este reino se dedica a cerrar minas por no considerarlas rentables que no lo son si las comparamos con los costes de explotación de las minas tercermundistas que, aparte de que puedan tener mejores yacimientos tienen, sobre todo, "esclavos" con salarios de miseria y muerte sin que esto sea obstáculo para que nuestro gobierno y autoridades económicas realicen la importación a sabiendas de cómo se obtiene ese carbón y a qué precio de miseria y vidas.

A la situación internacional de ausencia de Derechos Humanos con la que colaboramos en primera línea en la minería del carbón hemos de añadir que fronteras adentro de este reino los tres poderes: político, económico y judicial se muestran incapaces de resolver el fraude de 14.624.000.000 ptas de la mina de La Camocha e intentan legalizarlo justificando su sobreseimiento.

Para paliar la diferencia de precio del carbón propio respecto al importado, el Gobierno decide subvencionar el carbón extraído -más caro que el importado- para mantener los puestos de trabajo, favorecer una salida laboral con prejubilaciones y un cierre paulatino de la mina con un aterrizaje suave sin conflictos laborales, pero resultó que de principio a fin todo fue para incrementar la privatización de las ganancias de la mina de La Camocha mientras se socializaban las pérdidas a costa de los mineros y de los presupuestos del Estado. Y, así se hizo, 87 millones de euros se destinaron a la financiación de este fraude; se importa carbón más barato, se hace pasar por carbón propio y como por cada tonelada extraída hay una jugosa subvención en aras de mantener el empleo, que ni se mantiene y ni siquiera se pagan los salarios de los 160 mineros que aún quedan, además de otras deudas a los prejubilados; unos y otros son los perjudicados, como siempre, que cobrarán o no, cuestión que aún está por ver.

Que se sepa 100.000 toneladas, como mínimo, es el carbón importado en los años 1998, 1999 y 2000 que fue camuflado como de extracción propia para recibir la millonaria subvención. Desde entonces, las movilizaciones por los retrasos de los salarios y prejubilaciones fueron continuas. La situación se agravó recientemente ante el inminente cierre previsto para finales de año por lo que el Comité de Empresa decidió encerrarse en la octava planta a 600 metros de profundidad.

Se salva de esta ciénaga la Directora General de Minas de aquel momento, Paloma Sendín, que alertada del trasiego del carbón quiso esclarecer lo que ocurría a plena luz del día y ello le costó el cargo. No así CCOO y UGT que mirando para otro lado callaron y otorgaron.

A pesar de las evidencias y de que las movilizaciones desde el inicio del Plan de la Minería, el Juez de instrucción del juzgado de lo penal nº 4 de Gijón, Pedro Pablo Ruiz Hidalgo consideró oportuno en 2004 sobreseer la denuncia -no por falta de pruebas- sino por considerar que las subvenciones otorgadas cumplieron con los fines sociales, a pesar de que las subvenciones fueron destinadas fraudulentamente al carbón importado que la empresa minera se encargó de enmascarar haciéndolo pasar como propio mediante empresas interpuestas, facturas y otras argucias financiaras.

El abogado del Estado y la Fiscalía abren por segunda vez la denuncia pero el mismo Juez de Instrucción del juzgado de lo penal vuelve a sobreseer el expediente con los mismos argumentos aduciendo que la empresa cumplió con el Plan previsto reduciendo costes de producción y de plantilla, cuando la cuestión es que sólo se podía subvencionar el carbón extraído y en ningún caso el importado. La trama legal no parece pueda sostenerse, tampoco sus argumentos, pero de los 14 mil millones de ptas ni se tienen noticias de dónde están, ni quiénes son los "beneficiados" del presunto fraude tipificado en el Código Penal como delito.

No se entiende, de ningún modo, cómo el Gobierno español y el Gobierno de Asturias, cuyo responsable inmediato es el Consejero de Industria Graciano Torre, de quién depende la Dirección Regional de Minas, no esclarezca las subvenciones millonarias desviadas hacia la empresa que incluso declaraba beneficios en el momento del presunto fraude. No se entiende tampoco cómo es posible que con tantas pruebas el aparato judicial, en general, sea tan torpe e inoperante que pueda negar la evidencia y no pase nada. Las cien mil toneladas de carbón ya son humo, pero ¿dónde están y quién tiene los 14.000 millones de ptas? Sin duda la respuesta y la responsabilidad está en alguno de los tres actores implicados o en todos ellos.

Miguel Ángel Llana